Artículo publicado en Expansión el lunes 14-XII-09
Hace unos años que los términos Gobernanza y buen gobierno ejercen como una especie de mantra de la teoría democrática. Ya se aplique a países en vías de desarrollo o grandes multinacionales, se ha generalizado la exigencia de una forma “de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía” (RAE).
No hay proyecto de cooperación al desarrollo, consejo de administración, premio o libro blanco en el que el “buen gobierno” no ocupe un papel relevante. El abuso, sin embargo, es tan habitual que la diferencia entre las expectativas generadas y los resultados obtenidos ha puesto en peligro el concepto.
Parece que con la llegada de Barack Obama a la Presidencia de Estados Unidos el buen gobierno también se está reinventando. Cada día es mayor la identificación entre buen gobierno y open government; los pilares de éste, la transparencia, la colaboración y la participación, se han convertido así en el eje del otro.
Tras el uso intensivo que Obama hizo de las nuevas tecnologías como forma de impulsar su campaña electoral, el open government se ha convertido, desde el primer día, en una de las prioridades de su administración. A las iniciativas que ha ido poniendo en marcha, el nombramiento de un CIO (Chief Information Officer) para la Casa Blanca, y el lanzamiento de proyectos como data.gov, recovery.gov o USASpending.gov, basados en la transparencia de la información pública, se unió hace unos días la directiva de Open Government que pretende establecer un estándar de funcionamiento obligatorio para todos los departamentos de la administración norteamericana.
Los términos más utilizados por esta directiva no nos causan sorpresa. La transparencia, que establece la publicidad de la información del gobierno, que se presupone pública mientras no haya motivos de peso para lo contrario; la participación, que permite a los ciudadanos contribuir con sus ideas y su experiencia en la elaboración de las políticas públicas, en lo que podríamos denominar wikigobierno y, finalmente, la colaboración llamada a perfeccionar la eficacia del gobierno e involucrar a otros actores, distintas instituciones del gobierno, empresas privadas e incluso los ciudadanos, en la ejecución de estas mismas políticas.
Desde ahora la legitimidad, e incluso la eficacia, no se cifra sólo en la capacidad técnica de la administración, sino que gira en torno a su capacidad de involucrar a las personas, poniendo a su disposición las herramientas suficientes para que puedan ejercer su responsabilidad pública más allá del periodo electoral, ejerciendo labores de control y participación cuando lo consideren oportuno.
Sólo un gobierno de “puertas abiertas”, logrará devolvernos ese empoderamiento, que no es otra cosa que la revitalización de la sociedad civil y la recuperación de aquellos espacios de poder que naturalmente le pertenecen.
Sin duda, esto supone un cambio en las formas de hacer de la administración, implica una constante conversación con los ciudadanos para escuchar lo que dicen, a fin de ofrecer respuestas y tomar decisiones que tomen en consideración sus necesidades y preferencias y esto exige inversión, formación y dedicación. Muchas empresas, como la CAN, empiezan a ver la rentabilidad económica de estas prácticas, ojalá nuestras instituciones descubran pronto su rentabilidad democrática.
